Cuauhtémoc, Chih. - A partir del mes de mayo, quedará abrogado el Bando de Policía y Buen Gobierno, para dar paso al nuevo Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Cuauhtémoc, el cual normará las formas de convivencia entre ciudadanos con un enfoque restaurativo en el que se busca evitar que las faltas administrativas que se cometen, escalen a conductas delictivas.
La Dirección de Seguridad Pública iniciará con un cambio en los procedimientos que se sigue a las y los ciudadanos que cometan alguna falta en la comunidad, explicó Cecilia Arrieta, coordinadora de Justicia Cívica, quien detalló que para la elaboración del nuevo reglamento, se realizaron mesas de trabajo con comunidades Menonita y Rarámuri, a fin de respetar sus usos y costumbres, así como con diversos sectores, tratando de dar cabida a las necesidades de la población, así como meses de análisis por parte del departamento.
Destacó las observaciones y aportaciones que se hicieron a través del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por parte de la regidora Gabriela Islas, titular de la Comisión de Gobernación, así como por parte del Secretario del Municipio, Rafael Cavazos Aragón, aprobando el documento por unanimidad en enero del 2022.
Dicho modelo obedece a una reforma constitucional al artículo 79 en el cual se refiere y obliga a los municipios a implementar el Modelo Homologado de Justicia Cívica.
El acuerdo 034/2023 fue publicado por el Periódico Oficial del Estado el pasado 29 de marzo del 2023, en él se refiere la aprobación de la Maestra María Eugenia Campos Galván, en su calidad como Gobernadora, amparada en el artículo 93 fracción XLI y con fundamento en el Artículo 1 fracción VI y 25 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 28 fracción I y 50 del Código Municipal para el Estado, así como 5 fracción VII y 6 del Periódico Oficial del estado
A grandes rasgos, explicó Cecilia Arrieta, cambiará la forma en que se procesan las faltas administrativas, ya no existirá la figura del Juez Calificador, pues será reemplazada por el Juez Cívico, quien contará con las versiones del ciudadano y del policía que realizó el proceso, para definir si la detención administrativa es legal o no.
Una vez que una persona es asegurada por las autoridades preventivas, será llevada al Centro de Detención, en donde se le realizará un exámen médico, así como un tamizaje psicológico para determinar el perfil de riesgo.
Luego de conocer si la persona está apta para presentarse ante el Juez Cívico, se realizará la audiencia, en la cual contará con asistencia legal de oficio o, si es su elección, de un experto de su confianza.
Tras haber sido escuchadas ambas partes (policía y detenido), el Juez habrá de determinar las medidas a tomar, las cuales pueden ser:
La restitución del daño ocasionado, que puede ser a través de servicio comunitario o bien el pago de la sanción administrativa. Cómo una segunda opción al no aceptar las opciones que ofrece el juez Cívico, algunas asociaciones civiles participan de manera no onerosa al recibir infractores para su seguimiento.
Derivado del perfil de riesgo que arroje el tamizaje, se canalizará o derivará a alguna institución en donde se busca concientizar sobre el origen de la conducta.
Una vez que se canaliza a la persona, se dará seguimiento. Las audiencias serán públicas y orales.
Añadió que contarán con jueces itinerantes que acudirán a las comunidades alejadas de la cabecera municipal con el fin de resolver los conflictos.
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