Nacional - Durante el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), dado a conocer hoy en Gobernación, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que en abril pasado el feminicidio disminuyó 26.8 por ciento, respecto al máximo histórico de agosto de 2021 y se mantiene una tendencia a la baja en los últimos meses.
Durante dicho informe en el salón Juárez estuvieron el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja; y las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano; de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Anabel López Sánchez; de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres CDMX), Ingrid Gómez Saracíbar; y de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez presentó resultados de los delitos violentos en contra de las mujeres, cuyo trabajo se realiza de manera coordinada y con toda la capacidad institucional del Gobierno de México para que haya cero impunidad al tiempo que la sociedad debe denunciar este tipo de conductas.
Insistió en que desafortunadamente muchas mujeres y niñas han crecido en ambientes en donde normalizan los malos tratos, y es difícil que identifiquen que su vida corre peligro en muchas ocasiones.
“En la mayoría de los casos que hoy presentamos, los agresores eran conocidos cercanos a sus víctimas, a veces sus parejas, sus exparejas y convivían con ellas”, añadió.
La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano, destacó que en 2018 se recibieron 43 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), distribuidos en 27 entidades federativas, y que actualmente se cuenta ya con 58 en 31 estados.
Mencionó que el registro de atención de dichos centros creció 33 por ciento durante los últimos tres años, pasando de 176 mil a más de 234 mil mujeres atendidas anualmente, lo que representa un promedio de 482 mujeres atendidas cada día, hasta un promedio de casi 650 en 2021.
La directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Inmujeres, Anabel López Sánchez, subrayó que para garantizar el acceso real de las mujeres a sus derechos se creó el Modelo Integral de Prevención de Primaria de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de promover e implementar estrategias orientadas hacia la transformación de los patrones socioculturales, de forma coordinada entre el gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y comunitarios.
En este sentido, se ha realizado la firma de compromisos con los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Colima y Chiapas, y en próximas fechas se estarán sumando las entidades de Zacatecas, Guerrero, Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.
Estos compromisos implican el cumplimiento de la política nacional, estatal y municipal de igualdad para el bienestar de las mujeres y niñas, el impulso de una agenda legislativa local y acciones estratégicas de cambio cultural para la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
La titular de Semujeres CDMX, Ingrid Gómez Saracíbar, recalcó que, para el gobierno de la Ciudad de México, las mujeres son una prioridad. Desde la declaración de Alerta por Violencia contra las Mujeres, en noviembre de 2019, se fortalecieron y pusieron en marcha una serie de acciones de prevención, atención, acceso a la justicia y coordinación, las cuales buscan impulsar las autonomías de mujeres y niñas, la vida libre de violencia y la igualdad sustantiva, entre los que destacan la aprobación de la Ley Olimpia, la creación del Registro Público de Agresores, el Banco de ADN para uso forense y la iniciativa para que el agresor salga del domicilio sin importar quien sea titular del inmueble.
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